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La Esquina | El periódico del Sureste de Puerto Rico

Gobierno

DE alega que ha hecho los pagos a transportistas

La subsecretaria de Administración del Departamento de Educación, Lilia Torres Torres, aseguró el jueves que la mayoría de los transportistas escolares han recibido pagos durante el transcurso del año escolar y que conocen que esta semana el Departamento de Hacienda estaría liberando un poco más de 2.8 millones de dólares.

“Nosotros hemos estado en comunicación constante con los transportistas escolares. Anoche, precisamente, se les informó que, esta semana, Hacienda liberaría más de $2.8 millones”, dijo Torres Torres, quien agregó que la liberación de pagos ha sido constante desde agosto.

La funcionaria precisó que este martes se liberaron unos 630 mil dólares, el miércoles unos 785 mil dólares y mañana se desembolsarían 1 millón, 452 mil dólares.

“Los pagos de transportación escolar siempre han sido una prioridad para el DE. Incluso gestionamos con Hacienda para que los pagos de ayer y los de mañana se puedan entregar directamente en la agencia para facilitar que lleguen más rápido a los porteadores. Hoy retomaremos las conversaciones con los transportistas que decidieron paralizar para asegurarnos que la reanudación del servicio a los estudiantes sea cuanto antes”, indicó la subsecretaria.

De igual forma, adelantó que, en las próximas semanas, Hacienda estaría liberando entre 4 a 5 millones de dólares en pagos de transportación escolar.
Departamento de Educación federal otorga sobre $10 millones para Puerto Rico

El director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Juan Eugenio Hernández Mayoral, anunció el martes, la otorgación de sobre $10 millones del Departamento de Educación federal como parte del “School Improvement Grant” (SIG, por sus siglas en inglés).

“Con esta otorgación podremos continuar reforzando la educación en el país, el cual forma parte central del compromiso hacia nuestros ciudadanos. Estos fondos nos permitirán atender las necesidades para mejorar el aprovechamiento académico en las escuelas a través de toda la isla”, puntualizó Hernández Mayoral en un parte de prensa.

Sostuvo que la otorgación de $10,988,998, tiene como propósito permitirle al Departamento de Educación en Puerto Rico mejorar el aprovechamiento académico y continuar minimizando la deserción escolar.

Mencionó que, desde el 2009, el programa federal ha sido clave para la transformación de la educación en aquellas escuelas de pobre desempeño académico. A partir del año que viene este programa estará incluido dentro del sistema de métricas y desempeño académico que exige el “Every Student Succeeds Act” (ESSA, por sus siglas en inglés) del cual Puerto Rico forma parte.

“El impacto de este programa tiene repercusiones que van mucho más allá del mero componente educativo, sino que le provee mejores oportunidades a la juventud que reside en la isla,” concluyó Hernández Mayoral.
Radican más de 200 cargos a exrectores de la UPR

Unos 263 cargos fueron radicados contra tres exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y otras seis personas -entre los que se destaca un empleado de un hotel- por supuesta malversación de fondos públicos y fraude, como parte de un esquema de corrupción con fondos del Programa de CRECE-21, creado para certificar a maestros del sistema público.

“Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la Universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia”, señaló el secretario de Justicia, César Miranda en declaraciones escritas.

Entre los imputados figuran, Juan Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo y actual profesor en ese recinto; Juan Varona Echeandía, exrector de la UPR de Cayey y actual profesor en ese campus; Yanaira Vázquez Cruz, exrectora de la UPR de Utuado y exayudante especial del Presidente de la UPR; Ada Liz López Hernández, excoordinadora de Proyectos UPR Arecibo y directora del Proyecto CRECE-21

Entre los parentescos de los imputados se destaca que Jonathan Ramírez Pérez es hijo del exrector de la UPR de Arecibo, Juan Ramírez Silva. Asimismo, se radicaron cargos contra varios miembros de un mismo núcleo familiar, ya que Ada Hernández Santiago es madre de Ada Liz López Hernández, directora del programa CRECE-21. A su vez, Hernández Santiago es abuela de Jason Ortiz López, exempleado de la UPR de Bayamón. Por su parte, Nilda Vázquez Cruz es hermana de Yanaira Vázquez, exrectora de la UPR de Utuado.

Jonathan Ramírez Pérez, asistente administrativo de la UPR de Arecibo, enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito de trabajos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.

Por su parte, Ada Hernández Santiago (4 cargos), Jason Ortiz López (6 cargos) y Nilda Vázquez Cruz (2 cargos) enfrentan cargos por apropiación ilegal agravada y fraude.

Explicó Miranda que, los supuestos gastos ilegales fueron posibles mediante el concierto y común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres.

Por ello se radicaron un total de 27 cargos contra el Hotel Caribe Hilton por fraude, falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsos. También, se presentaron 30 cargos por fraude, falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica, contra Marco Hernández Taforó, coordinador de cuentas por cobrar del hotel.

Ingresas nuevas familias a programa de sección 8

El secretario del Departamento de la Vivienda (DV) Alberto Lastra Power entregó hoy 75 ayudas del Housing Choice Voucher Program Section 8 del U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). Estas ayudas a familias de escasos recursos de diferentes partes de la isla, ascienden a $500,000 anuales en pagos por concepto de renta.

“En la medida que el beneficio esté disponible seguimos ingresando nuevos participantes al programa. Mensualmente integramos aproximadamente 100 familias y vemos partir cerca de 30 cuya situación económica mejora y pueden sufragar un hogar dejando ese espacio libre para otros que lo necesitan. Recordemos que este es un beneficio transicional y no permanente. Hoy nos complace darle personalmente la bienvenida a 53 familias de las zonas de San Juan, Carolina, Bayamón, Humacao y Caguas y otras 23 que en este momento están recibiendo sus vales en las regiones de Ponce, Aguadilla y Arecibo”, señaló Lastra Power.

El Secretario mencionó que con estos 53 casos nuevos ya el programa Sección 8 paga anualmente $14.8 millones a dueños de propiedades. Dinero que tiene un efecto económico estupendo en un momento apremiante para la recuperación económica del país.

“Con satisfacción podemos decir que el programa ha sido clasificado por (HUD) como (High Performance) por tres años consecutivos. Recuperamos la confianza del gobierno federal y entre el 2014 al presente, otorgamos 2,339 vales beneficiando a familias y también a los dueños de las viviendas que obtienen el pago mensual por alquiler”, sostuvo el secretario Lastra Power.

En el 2013 el DV tenía listas que alcanzaban los 14,500 interesados en entrar al programa. En julio del 2014, se depuraron las listas se validaron las personas interesadas y al 2016, el listado había bajado a 1,400 interesados. La apertura más reciente de las listas de espera ocurrió el pasado 23 de septiembre del 2016, cuando el (DV) inició un nuevo concepto de servicio, mediante la radicación de solicitudes a través del portal electrónico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la red de servicios 311.
DACO publica folleto sobre bolsas plásticas desechables

A partir del 30 de diciembre de 2016, entrará en vigor la fase de la ley que prohíbe a los establecimientos comerciales utilizar bolsas plásticas desechables para acarrear mercancía. También impone a varias agencias gubernamentales establecer programas educativos y de orientación sobre el estatuto y su importancia en la protección del medio ambiente.

A esos efectos el Departamento del Asuntos del Consumidor (DACO) publicó un folleto informativo sobre la Ley Número 247 de 2015 (Ley que Prohíbe el Uso de Bolsas Plásticas en Establecimientos Comerciales). El secretario Nery E. Adames Soto, ofreció detalles acerca de la publicación, y puntualizó algunos de los aspectos más importantes del estatuto con el que deberán cumplir todos los comercios desde finales de este año. El folleto es accesible al público a través de la página electrónica del DACO, www.daco.pr.gov.

“Le Ley tiene como finalidad reducir y eliminar el uso de bolsas plásticas desechables, como medida para proteger el medio ambiente. Establece que, a partir del 30 de diciembre de 2016, los establecimientos comerciales en Puerto Rico no podrán despachar mercancía a sus clientes en ese tipo de bolsas plásticas, pero permitirá que los consumidores lleven sus propias bolsas, del material que elijan.”, informó Adames Soto.

Las bolsas plásticas desechables son empaques flexibles, principalmente hechos de plástico (polietileno de alta densidad), que se utilizan para contener y transportar artículos, provistos por un establecimiento comercial a un consumidor en un punto de venta y que no están diseñadas para reúso.

El secretario explicó que, conforme a la ley, los comercios tendrán disponible para la venta bolsas reusables hechas de tela o de otros materiales no se sean nocivos a la salud o al medio ambiente, y que cumplan con las características establecidas en la ley. En el caso de bolsas plásticas, estas deben estar hechas a base de polipropileno o polietileno no tejido, o de cualquier otra fibra natural o sintética que se totalmente reciclable.

De acuerdo a la ley, los consumidores podrán llevar a los comercios bolsas de cualquier tipo, incluidas las plásticas desechables, para el acarreo de productos.

Adames Soto enfatizó que los establecimientos comerciales vendrán obligados a colocar avisos sobre la Ley 247, y educar a los consumidores los alcances de ese estatuto. Los rótulos avisos se colocarán a la entrada de los comercios y en las cajas registradoras de manera que los consumidores tengan acceso a la información. Añadió que la campaña educativa de los comercios incluye adiestrar, orientar y motivar a los empleados para promover el uso de bolsas reusables.

En cuanto a las sanciones que permite la ley, el funcionario explicó que el comercio que provea a sus clientes bolsas plásticas para acarrear productos, se expondrá a multas.

“El DACO tiene la autoridad para multar a un establecimiento comercial que utilice bolsas plásticas. La primera infracción será de cien dólares; la segunda será de ciento cincuenta, y doscientos por cada violación posterior. A un año de haber sido aprobada la ley, el sector comercial no debería presentar excusas para su cumplimiento y ya tener adelantada la transición que nos libere de las dañinas bolsas de plástico”, detalló Adames Soto.

Según la Ley 247 de 2015, un establecimiento comercial es todo local, tienda o lugar análogo y toda persona natural o jurídica que realice cualquier tipo de operación comercial o actos de comercio de venta o transferencia de artículos al por mayor o al detal. Esa definición incluye, pero no se limita a: supermercados, farmacias, tiendas por departamento, tiendas de ropa, joyerías, ferreterías, gasolineras, licorerías, bares, barras, “pubs”, vendedores ambulantes, lavanderías, camiones, mercados de agricultores, ferias, festivales, proveedores temporales de mercancías y artesanos.

“Hay causas de tal importancia que justifican la intervención gubernamental decidida con el comercio, la protección del medio ambiente sin duda es una de ellas. Frente a la abrumadora evidencia científica sobre el calentamiento global y la urgencia de que los países tomen medidas para evitar su empeoramiento, Puerto Rico asume su parte de la responsabilidad con el mundo y precisa el recto camino a seguir al eliminar el uso de las bolsas plásticas. El paso que asumimos hoy supone un cambio de cultura en la manera como realizamos nuestras compras, que lleva como fundamento el más genuino de los principios, preservar los recursos naturales de modo que las futuras generaciones puedan seguir disfrutándolos”, finalizó el secretario.
Se coloca en 11.9 % la tasa de desempleo

El secretario del Trabajo, Vance Thomas, anunció hoy que según la encuesta del Grupo Trabajador de septiembre, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente fue de 11.9 %, lo que representó una disminución de 0.2 % al compararse con septiembre 2015 (12.1 %).

Del mismo informe se desprende que la tasa de participación no ajustada estacionalmente fue de 40.4 %, significando un aumento de 0.4 % al compararse con septiembre 2015 cuando la tasa se colocó en 40.0 %. Mientras, también se inform que la cifra ajustada de desempleados correspondió a 135,000 personas, lo que representa una disminución de 2,000 personas en comparación con septiembre 2015, cuando la cifra alcanzó los 137,000 desempleados.

“Es importante destacar que el informe de Empleo y Desempleo correspondiente al mes de septiembre 2016 coloca en 998,000 el grupo de personas trabajando en la Isla. De igual manera, se informa que el renglón de empleo en la agricultura aumentó en mil personas (16,000) y el empleo en el renglón de comercio aumentó en 12,000 (244,000), todo esto al comparar estos renglones con septiembre 2015” mencionó.
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