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La Esquina | El periódico del Sureste de Puerto Rico

Gobierno

Índice de Actividad Económica refleja baja en junio 2017

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) publicaron el Índice de Actividad Económica (IAE) para el mes de junio de 2017.

El mes de junio terminó con un IAE de 121.1, una reducción de 0.6 si se compara con el IAE de 121.7 del mes de mayo. De enero a junio, el promedio del IAE fue 121.8.

Los cuatro indicadores principales que componen el IAE son el total de empleo asalariado no agrícola, las ventas de cemento, el consumo de gasolina y la generación de electricidad.

El total de empleo asalariado no agrícola para junio de 2017 fue 875,300, una reducción de 7,000 empleos si se compara a mayo de 2017. Además, se vendieron 1.05 millones de sacos de cemento, una reducción intermensual de 2.36%. El consumo de gasolina fue de 73.2 millones de galones, registrando una reducción intermensual de 4.7 millones de galones. La generación de electricidad fue de 1,731.0 millones de kWh en el mes de junio, una reducción de 0.9% comparado al mes de mayo.

El IAE es un instrumento económico que resume la tendencia actual y la dinámica de la economía de Puerto Rico. El IAE se formuló utilizando una metodología similar a la que utiliza el “Conference Board” en su índice coincidente. El IAE tiene una alta correlación con el producto nacional bruto (PNB) real de Puerto Rico.
Alcaldes llegan a acuerdos sobre reestructuración de deuda BGF

Tras una reunión de poco más de dos horas alcaldes novoprogresistas y estadolibristas se mostraron satisfechos con los acuerdos alcanzados sobre varias enmiendas discutidas hoy en una reunión convocada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz para atender sus inquietudes en torno al Proyecto que reestructura la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En conferencia de prensa, Rivera Schatz informó que se redefinieron términos, se aclararon los alcances de algunas disposiciones y se incorporaron protecciones para los gobiernos municipales. También dijo el Proyecto crea un ente que “va a darle tránsito” a varias transacciones y “da certeza” a los acuerdos del BGF con los acreedores, entre estos municipios y bonistas.

Por su parte, el presidente de la Federación de Alcaldes y ejecutivo municipal de Arecibo, Carlos Molina, dijo que entre los acuerdos alcanzados se encuentra el que no se tocará el Fideicomiso que está en el Banco Popular. “Estamos a favor según los cambios que se discutieron. No es lo perfecto, pero nos da unas alternativas y mecanismos a los municipios para poder seguir trabajando”, dijo.

De forma similar se expresó el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz comentó que está a favor de los acuerdos alcanzados pero que presentará los mismos a la matrícula de la Asociación de Alcaldes para luego emitir una declaración conjunta.

“Como alcalde de Cayey avalamos todas las enmiendas que han sido sometidas y recomendadas (porque) nos han escuchado. Es un ejemplo que se da al País en momentos de crisis donde alcaldes de ambos partidos políticos podemos ponernos de acuerdo, concertar soluciones a los problemas que nos aquejan. Agradezco al presidente del Senado esta apertura que no tuvimos en el pasado y que tenemos ahora a favor de Puerto Rico”, opinó Ortiz.

Entre las recomendaciones atendidas se encuentran protecciones a los gobiernos municipales para que puedan defenderse en términos fiscales y presupuestarios. También, se eliminó la inmunidad “amplia” a los funcionarios porque si tienen la facultad de decidir o manejar dinero “deben tener la responsabilidad de responder si se equivocan o hacen algo indebidamente. La inmunidad…se eliminó y ajustamos todo desde una perspectiva razonable donde el Estado, los gobiernos municipales pero principalmente, lo que era la preocupación principal de los alcaldes y de nosotros, que es que la ciudadanía no se afecte”.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Soto, explicó que los municipios que tenían dinero depositado en el BGF, y no tenían posibilidad de cobrarlo a razón de $377 millones, ese dinero se convertirá en bonos por consiguiente van a ser bonistas de esta nueva autoridad y van a recibir pagos de intereses anuales que pudieran ascender a alrededor de $15 millones anuales en distribución de esos municipios. También, se van a beneficiar del pago que hacen de principal interés “porque le va a bajar el pago sobre los préstamos que le adeudan la BGF”.

A la reunión asistieron varios alcaldes entre estos William Miranda Marín (Caguas), José Luis Cruz Cruz (Trujillo Alto), Papo Alejandro (Juncos), Lornna Soto Villanueva (Canóvanas), Nelson Torres Yordan (Guayanilla), María “Mayita” Meléndez Altieri (Ponce), entre otros para un total de 35. Asimismo, participaron el representante del gobernador en la Junta de Control Fiscal (JCF) y presidente del BGF, Christian Sobrino así como el director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, Rey Paniagua.

También participaron el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, los senadores Miguel Romero Lugo, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Luis Daniel Muñiz Cortés y Larry Seilhamer Rodríguez y la representante Lourdes Ramos.

Esta conexión del Senado con los municipios continuará. A finales de mes está previsto que se lleve a cabo una Cumbre Municipal en la que se discutirán y analizarán todos los temas que atañen a los municipios.
Confirman nombramientos para Comisión de Igualdad y Junta de UPR

El Senado confirmó los nombramientos de los exgobernadores Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló González y Luis Fortuño Burset como miembros de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico con el objetivo de que impulsen la estadidad para la Isla en Estados Unidos. De igual forma sucedió con el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, el general Félix Santoni, el expelotero de Grandes Ligas y ahora hall of famer Iván Rodríguez Torres y la delegada nacional del Partido Republicano, Zoraida Fonalledas.

Asimismo, se dio paso a las designaciones de los licenciados Luis Berrios Amadeo y Antonio Monroig como miembros de la Junta de Directores de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En torno al proyecto que reestructura la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el del Sistema de Retiro de Maestros, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó en un aparte con la prensa que los mismos serán enmendados para aclarar términos y disipar dudas.

“Nuestro ánimo es defender a los gobiernos municipales y a los trabajadores. También asegurar que nuestros pensionados sigan recibiendo su cheque del retiro sin quedar en insolvencia porque podría quedar en insolvencia sino actuamos con urgencia”, dijo el presidente del Senado quien convocó a los alcaldes a que se den cita mañana a la Cámara Alta para dialogar sobre las enmiendas propuestas y el alcance de ambos proyectos.

En torno a la medida de reestructuración del BGF, el presidente del Senado adelantó que una de las enmiendas será que no van a haber inmunidades absolutas para nadie.

“El que le toque tomar decisiones las va a tener que tomar con un alto sentido de responsabilidad o va a responder legalmente por sus actos. No va a haber inmunidades amplias para nadie. Todos los funcionarios tienen que asumir responsabilidad por lo que hagan”, comentó.

“Absurdo y contradictorio” acto de la Junta de Control Fiscal Con estas palabras el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, condenó la recomendación de la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobierno de Estados Unidos, en su primer informe anual de que se permitan dispensas particulares en programas de beneficencia social federal entre estos el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y Plan 8.

“La solución para la creación de empleos no es retirarles la asistencia social a una comunidad en Puerto Rico, que aún si tuviera la oportunidad, requiere de esa ayuda y asistencia. Crédito a cambio de trabajo para la comunidad indigente en Puerto Rico es totalmente absurdo”, dijo Seilhamer Rodríguez en su turno inicial al respecto.

De forma similar se expresaron los senadores José Vargas Vidot y Zoé Laboy Alvarado.

El Senado y la Cámara de Representantes acordaron pedir a la Rama Ejecutiva la devolución del Proyecto de la Cámara 1122 para reconsiderarlo. Esta medida legislativa enmienda la Ley del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, a los efectos de sustituir el Consejo de Fiduciarios por una Junta de Síndicos compuesta por 8 miembros del sector privado y un miembro del sector gubernamental, entre otros asuntos.

Asimismo, la Cámara Alta solicitó a la Cámara de Representantes que le soliciten al gobernador la devolución de los Proyectos del Senado 17, 36, 82, 547, 471 y 480.

La primera Sesión Extraordinaria fue convocada por La Fortaleza en virtud de la facultad constitucional que se le otorga al Primer Ejecutivo según dispuesto en la Constitución de Puerto Rico. La Sesión Ordinaria está pautada para comenzar a mediados de mes. El Senado recesa sus trabajos hasta mañana a las 5:00 p.m.
Presidente senatorial se reúne con representantes de los policías

Tal y como lo anunció hace unos días el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se reunió hoy con el liderato que agrupa a la totalidad de la Policía en vías de auscultar soluciones al retiro de los uniformados.

A la reunión de cerca de dos horas asistieron Ángel Alonso (Asociación de Miembros de la Policía), José González Montañez (Asociación de Policías Organizados), Roberto E. Castro Jurado (Asociación de Seguridad, Policías y Ramas Anexas). También, el sargento Edwin Robles López (Concilio Nacional de Policías), Carlos Rodríguez Morales (Corporación Organizada de Policías y Seguridad), Lowel Matos Acosta ( Cuerpo Organizado de la Policía) y Jorge L. Méndez Cotto (Empleados Civiles Organizados). De igual forma, dijeron presente el capitán Nelson Echevarría Hernández (Federación Puertorriqueña de Policías), Diego Torres Figueroa (Frente Unido de Policías Organizados), Ismael Rivera Román (Sindicato de Policías Puertorriqueños) y Carlos Rosado (líder del movimiento para evitar el veto del Proyecto legislativo).

En la reunión participaron el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, las senadoras Zoé Laboy y Nayda Venegas y los senadores Miguel Romero y Henry Neumann.
Agricultores dan voz de alerta ante cambios sugeridos al PAN

La Asociación de Agricultores de Puerto Rico, por medio de su presidente Héctor Cordero Toledo, destaco que las recomendaciones expresadas por la Junta de Control Fiscal referentes a un cambio en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico tendría un impacto nefasto para el desarrollo agrícola.

Cordero señaló que de los cerca de $2,000 millones que reciben las personas acogidas al PAN sólo $300 millones, el 15 por ciento, se queda en la isla como ingresos de las ventas agrícolas locales, el resto sale del país a través de las importaciones.

“Una reducción en los fondos del PAN tendría un efecto adverso en los planes de desarrollo agrícola locales”, dijo Cordero.

“En los pasados meses el sector agrícola ha apostado al proyecto de sustitución de importaciones como alternativa para reducir la brecha existente entre las importaciones y la producción agrícola puertorriqueña, y un cambio como el propuesto por la Junta de Control Fiscal daría al trasto con este esfuerzo”, añadió Cordero.

El líder de los agricultores destaco que cada 1 por ciento de sustitución de alimentos importados por la industria agrícola local representa $1 millón que se quedan en la economía local.

“Ese dinero se queda en la isla dándole un empuje al desarrollo económico que tanto necesitamos, por lo que cualquier recorte en el dinero destinado para el consumo de alimentos nos limita la oportunidad de crecimiento dentro del sector agrícola”, señaló Cordero.

El Presidente de la Asociación de Agricultores dijo que se ha comunicado con la American Farm Bureau Federation en Washington, D.C., entidad a la cual está afiliada la organización local, “para que nos ayude a cabildear a favor del programa del PAN, de surgir alguna recomendación adversa”.

“Mientras tanto, esperamos que el próximo viernes, cuando la JCF se reúna con el Gobierno Central, aclare sus expresiones”, dijo Cordero.
ACAA compartirá base de datos con la Policía para combatir el crimen

Sería la primera agencia en firmar importante acuerdo colaborativo, como parte del proyecto Crime Information Warehouse, de la Policía de Puerto Rico

La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), y la Policía de Puerto Rico, se aprestan a firmar un acuerdo colaborativo que permitirá a la Uniformada tener acceso a la base de datos de los lesionados de la corporación pública, como parte de las herramientas para desarrollar el proyecto Crime Information Warehouse (Almacén de Información sobre Delitos), esencial para combatir el crimen y prevenir el terrorismo en la Isla.

Así lo dio a conocer la directora ejecutiva de la ACAA, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, tras reunirse con el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y discutir los detalles del documento, que la convierte en la primera jefa de agencia en integrarse en este proyecto del Crime Information Warehouse (CIW).

“Es importante destacar que con este acuerdo, la Policía tendrá acceso a la base de datos de la ACAA, pero solo cumpliendo con una serie de medidas que salvaguardan la confidencialidad de la información de nuestros lesionados. De esta manera, damos un paso al frente en la creación del Crime Information Warehouse que, eventualmente, también contará con la colaboración de los departamentos de Corrección y Rehabilitación, Justicia, Recursos Naturales y Ambientales, Transportación y Obras Públicas, entre otros,” explicó Boria Vizcarrondo, quien habrá de estampar su firma en el acuerdo junto a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley.

“El documento establece, claramente, que la Policía no podrá utilizar ni divulgar la información obtenida de los sistemas de la ACAA para fines no oficiales, y que la misma será procesada bajo la supervisión y control de recursos autorizados, de forma tal que proteja la confidencialidad de los expedientes, según establecen las políticas de la ACAA. Recalca, además, que la información obtenida de ACAA, será para uso confidencial y propósitos investigativos,” añadió la funcionaria.

El Crime Information Warehouse ha sido estructurado para apoyar el análisis de investigación y toma de decisiones en la Policía de Puerto Rico, y será la principal fuente de información del Centro de Fusión, modificado según la Orden Ejecutiva 2017-018 del 30 de enero de 2017, en cumplimiento con la Ley Federal de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo.
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