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La Esquina | El periódico del Sureste de Puerto Rico

Política

PNP afirma que PPD no tiene fuerza moral para defender empleados públicos

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera Ortega, y su vicepresidente y sub secretario, Abel Nazario Quiñones, le salieron al paso a Héctor Ferrer y a Jesús Manuel Ortiz, por lanzar criticas a la gestión de la presente Administración para asegurar los derechos de los empleados públicos.

El secretario y representante Rivera Ortega expresó que “hoy el Presidente del PPD y el ex portavoz de García Padilla se pintan como los defensores de los empleados públicos. Lo que no dicen es que fueron ellos los que dejaron de enviar las aportaciones patronales de las pensiones al Sistema de Retiro y quebraron el mismo. Lo que no dicen es que fueron ellos los que por años retuvieron sus reintegros para pagar los contratos de sus amigos del alma. Lo que no dicen es que fueron ellos los que nos dejaron con un déficit de $7,600 millones de dólares y un Gobierno sin crédito y en quiebra. Lo que no dicen es que mientras Anaudi Hernández afirmaba que el representante Ortiz era su contacto en La Fortaleza, los empleados sufrían los aumentos en los impuestos incluyendo el aumento s IVU de 7% a 11.5%”.

Por su parte, el también senador Nazario Quiñones cuestionó “¿dónde estaba el Presidente del PPD Héctor Ferrer cuando el PPD abusó, por 4 años, contra de los empleados públicos? ¿Dónde estaba Ferrer cuando el pasado 11 de agosto de 2017, el PNP en el Senado aprobó la Resolución Concurrente 42 para repudiar la reducción de jornada de la Junta de Supervisión Fiscal, y su delegación PPD en el Senado le votó en contra?”.

Los líderes del PNP afirmaron que “el PNP, en 8 meses, ha tomado las medidas necesarias para asegurar el empleo de nuestros empleados públicos y defender a los más vulnerables. Hicimos los ajustes presupuestarios en el Presupuesto 2017-18, para reducir en casi 20% los gastos de la pasada Administración para operar el Gobierno, de $8,987 millones a $7,440 millones. Los gastos de publicidad en esta Administración se han reducido, de $62 millones en los últimos 6 meses del representante Ortiz como Secretario de Asuntos Públicos de García Padilla, a $24 millones en los primeros 6 meses del PNP. Estos son ahorros de 61%”.

El secretario general del PNP recordó que “nuestro Plan Fiscal y Presupuesto identifican todos los fondos necesarios para mantener a todos los empleados públicos con su jornada completa. El PPD sabe bien que fue la Junta la que, por enmiendas unilaterales, incluyó en esos documentos la reducción de jornada innecesaria, y que sería devastadora para nuestra economía. Aunque el PPD se alegre de eso, nosotros le haremos frente, en defensa de nuestro Pueblo”.

Por su parte, el vicepresidente del PNP concluyó expresando que “lo que no dice el Presidente del PPD y el representante Jesús Manuel Ortiz, es que mientras ellos no pagaban suplidores y reintegros, y dejaron de enviar los fondos de nuestros empleados públicos al Sistema de Retiro, subieron de 6,000 a 12,000 los empleados transitorios en el año electoral 2016 e hicieron más de 800 transacciones y nombramientos de empleados de carrera, luego de julio de 2016, cuando PROMESA prohibía tomar acciones que comprometieran el presupuesto. Esto último solo, tiene un impacto de $15 millones anuales”.
PNP celebra su 50 aniversario

Este fin de semana (11 al 13 de agosto), el Hotel El Conquistador en Fajardo será la sede de la convención anual del Partido Nuevo Progresista, bajo el lema 50 Años de Lucha por la Igualdad.

Según informó el secretario general de la colectividad, Rafael “June” Rivera Ortega, “jóvenes, mujeres, servidores públicos, y público en general, acompañarán al liderato del PNP; su presidente, Dr. Ricardo Rosselló Nevares; su vicepresidenta, Jenniffer González; y los vicepresidentes, Thomas Rivera Schatz y Abel Nazario, para participar en múltiples talleres, y celebrar el 50 aniversario del Partido Nuevo Progresista”.

El también legislador por el Distrito 28 explicó que “será una convención bien movida, amena, de mucho trabajo, pero también histórica. Tendremos una exposición con memorabilia de los 50 años del Partido Nuevo Progresista, talleres sobre gobernanza, Estadidad, PROMESA, asuntos electorales, entre muchos otros temas, y contaremos con la participación de nuestros gobernadores Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló, Luis Fortuño y Ricardo Rosselló, así como las Primeras Damas, Tiody de Jesús, Kate Donnelly, Maga Nevares, Lucé Vela y Beatriz Rosselló.”

Rivera anunció, además, que tendrán varios talleres que serán ofrecidos por miembros de la Delegación Congresional de Puerto Rico (Plan Tennessee), actividades de comedia y música para toda la familia, y cerrarán el domingo con la celebración de la Asamblea General del Pueblo Estadista, donde se anticipa la aprobación del nuevo Reglamento del Partido Nuevo Progresista.

“Este será el reglamento más inclusivo en la historia política de Puerto Rico, que promoverá y permitirá más participación en todos los organismos del partido, reconoce con más fuerza la participación de la mujer a todos los niveles, y crea la Organización Estadista de la Comunidad LGBTT, la Organización de Base de Fe, y la Organización del Equipo Legal Estadista,” finalizó diciendo el secretario general, Rafael “June” Rivera Ortega.
Senado aprueba rechazo a la reducción de jornada

El Senado aprobó hoy a viva voz la Resolución Concurrente del Senado 21, que expresa de la Asamblea Legislativa un rechazo a la decisión de reducción de jornada tomada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Ante esto, el senador de la Mínoría del Partido Popular Democrático (PNP), Cirilo Tirado anunció al Cuerpo que la delegación de la Minoría emitiría un voto explicativo en contra de la Resolución.

Según se indica en la pieza, esta pretensión de la JSF representa la expresión más nefasta de la indignidad del coloniaje al que estamos sujetos. Esto, al descartar las medidas tomadas por el Gobierno democráticamente electo a favor de unas medidas tomadas en abstracción del ínteres general.

“El Gobierno ha cumplido y logrado alcanzar cada uno de los objetivos del Plan Fiscal por lo que no se justifica activar ninguna de las contingencias impuestas al Plan Fiscal. El pasado 30 de junio la JSF aprobó el presupuesto del Gobierno certificando que cumplía con la Ley PROMESA y el Plan Fiscal. No obstante el 4 de agosto de 2017, en una movida irrazonable, la Junta dispuso que el Gobierno debía implementar una reducción de jornada de los empleados públicos hasta lograr ahorros de $218 millones. Esta acción impactaría alrededor de 138 mil empleados públicos,” reza la medida.

La pieza legislativa también manifiesta apoyo al Gobernador Ricardo Roselló de no acatar esta decisión por ser irrazonable para la economía. Esta, una vez aprobada será traducida al en inglés y enviada al Presidente de los Estados Unidos, al liderato legislativo en el Congreso y la Junta.
Gobernador mintió con tema de reducción laboral, según Representante PPD

El portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, le recomendó al gobernador Ricardo Rosselló que no le continúe mintiendo al país, y admita que la reducción en la jornada laboral para los empleados públicos, fue uno de los grandes errores que plasmó en su Plan Fiscal.

“El gobernador plasmó en blanco y negro su propuesta para una reducción de jornada en el plan que le presentó a la JSF. De hecho, celebró cuando se lo aprobaron. Ahora quiere dar la impresión de que pelea con la Junta, cuando él mismo puso sobre la mesa la reducción en la jornada laboral. En lugar de reducir gastos para evitar que los empleados públicos fueran sometidos a esta injusticia, Ricardo Rosselló estableció nuevas agencias, mantuvo el gasto en publicidad y en contratos y gastó millones en un plebiscito inservible. Si hay una reducción de jornada es porque él la pidió”, denunció Cruz Burgos.

Asimismo, el Representante del PPD afirmó que “el golpe más fuerte es a la mentira y la obstinación de tapar el cielo con la mano”. “Que diga que ya tiene todo preparado para implementar la reducción de jornada en el gobierno. El Gobernador pretende que creamos que no escribió en blanco y negro lo que escribió para que la Junta aprobase. Él sabe muy bien que su plan ya contemplaba medidas drásticas como la reducción de las horas de trabajo de los servidores públicos”, agregó el legislador.

Mediante una resolución, la JSF recomendó hoy una reducción de jornada de dos días al mes por empleado, que debería entrar en vigor el 1 de septiembre. La recomendación surge luego de que el organismo federal identificara una brecha de $218 millones en recortes en las proyecciones de recortes y ahorros.

“El Gobernador debe tomar con seriedad las consecuencias de su plan fiscal. Él fue quien propuso una reducción en la jornada y la eliminación del bono de navidad en su plan fiscal certificado. Y hoy, con la decisión de la Junta se hace realidad la pesadilla de miles de puertorriqueños que temían una reducción en sus horas de trabajo. Nuestros trabajadores dependen de sus salarios para atender sus responsabilidades familiares y financieras, y el Gobernador no tuvo ninguna sensibilidad hacia ellos cuando sometió sus recomendaciones a la JSF. Además, esta medida no solo es un golpe a miles dé familias puertorriqueñas que el Gobernador juró proteger y hoy ataca con su plan, sino a la economía en general, pues el impacto retumbará en los pequeños y medianos comerciantes y en la industria de servicios”, sostuvo Cruz Burgos.
Senador del PIP asegura Estados Unidos debe $9 millones a Puerto Rico

El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció hoy el envío de una comunicación al Gobernador emplazándolo a que incluya entre las medidas a considerar en la Sesión Extraordinaria la Resolución Conjunta Número 153, de su autoría, dirigida a lograr el cobro de $9 millones que le adeuda el gobierno de los EEUU al pueblo de Puerto Rico por concepto de aranceles del café.

"La crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico hace inaceptable e indignante que el gobierno de los EEUU adeude $9 millones al Departamento de Hacienda. Ante esas circunstancias, reconocidas por el propio Secretario de Agricultura en las vistas públicas sobre el presupuesto, le he enviado una misiva al Gobernador para que incluya entre las medidas a considera en la Sesión Extraordinaria la Resolución Conjunta del Senado Número 153, que ordena al Secretario de Hacienda que agote todos los mecanismos y remedios legales a su disposición, incluyendo la vía judicial, para reclamar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que, en cumplimiento de sus obligaciones legales vigentes, le pague al gobierno de Puerto Rico el dinero que le adeuda en concepto de lo que ha retenido por el cobro del arancel del café", expresó el legislador independentista.

El senador Dalmau Ramírez informó que radicó además la Resolución Número 371 para que, en adición a la gestión del Gobernador, el Senado haga una expresión de exigencia a dicha entidad gubernamental de los Estados Unidos que, en cumplimiento de sus obligaciones legales vigentes, le pague al gobierno de Puerto Rico lo que adeuda desde el año 2014.

"Resultaría cuestionable que se continúe penalizando a la clase media trabajadora y a los más vulnerables del país con los más altos sacrificios, habiendo $9 millones de dólares en una oficina federal que se le adeudan al pueblo de Puerto Rico en tiempos de crisis. El Gobernador tendría que responder ante el país si se niega a enmendar la agenda de la Sesión Extraordinaria para que la Resolución Conjunta Número 153 pueda ser incluida y se apruebe cuanto antes la orden al Secretario de Hacienda para que le dé cumplimiento a la exigencia del pago de lo debido", concluyó el Portavoz senatorial del PIP.
PPD catalogan como golpe a empleados públicos proyecto Sistemas de Retiro

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, junto al representante, Jesús Santa, y la senadora Rossana López, catalogaron como un “golpe a los empleados públicos”, el proyecto del Ejecutivo para reformar los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de los Maestros.

“Este proyecto que pretende aprobar la mayoría del Partido Nuevo Progresista le quita el dinero a nuestros pensionados. Elimina todos los sistemas de retiro en el gobierno y lo que crea es una cuenta de ahorros. Pretenden aprobar esta medida sin realizar vistas públicas, sin una base empírica y sin realizar un estudio actuarial que sustente el supuesto beneficio que recibirán nuestros pensionados”, denunció Ferrer Ríos.

De esta forma, en conferencia de prensa el liderato del PPD expresó su oposición al Proyecto de la Cámara 1163, equivalente al Proyecto del Senado 603, para crear la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas Para los Servidores Públicos”, a los fines de reformar los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y de los Maestros”.

Por su parte, Santa explicó que de aprobarse la medida se reduce la obligación que tienen los empleados públicos de aportar un 5% de su salario para su retiro. “El proyecto trae cambios peligrosos para los pensionados. Si se reduce la obligación que tienen los empleados públicos de aportar un 10% al Sistema de Retiro a un 5% por ciento, cuando se jubilen no tendrán el dinero suficiente para vivir. Este proyecto llevará a los trabajadores a la miseria”, advirtió el legislador.

Asimismo, el Representante del PPD presentó un ejemplo de cómo esta nueva ley afectará a los servidores públicos. “Si un empleado público recibe un salario de $20 mil anuales durante 40 años y aporta solo el 5% al Sistema de Retiro, su pensión será de $549 mensuales. Mientras, con una aportación de 10%, tal y como está ahora, su pensión será de $1,100 mensuales”, explicó.

Por otro lado, los líderes populares advirtieron que el sistema actual garantiza una pensión vitalicia, contrario a lo que se propone en la medida del Ejecutivo. “Es falso que el gobierno vaya a pagar pensiones, este proyecto no garantiza el pago de las pensiones y es un error transferir esos dineros al Fondo General”, expresaron.

“Los activos del Sistema de Retiro no le pertenecen al gobierno sino a los pensionados y a los empleados públicos. Este es el proyecto del precipicio porque una vez se vendan los tres activos, se eliminan los Sistemas de Retiro y no habrá de dónde obtener más dinero para el pago a nuestros pensionados. Quieren engañar a los pensionados y no es justo que ellos carguen con las consecuencias de una mala administración después que trabajaron por décadas en el servicio público”, denunció López.
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