Comisionada Residente pide detener transferencia de prisioneros a Puerto Rico

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, le reclamó al gobierno federal que no coordinaron con las autoridades federales en Puerto Rico el traspaso de reos de los Estados Unidos a la isla y solicitó un detente para salvaguardar la salud y seguridad de los reos y oficiales en Puerto Rico. 

La comisionada residente envió hoy una misiva dirigida al secretario de Justicia de los Estados Unidos William P. Barr, al director de la Oficina de Prisiones, Michael Carvajal, y al director del Servicios de Alguaciles (U.S. Marshals) Donald W. Washington. 

En la carta, la congresista expresa su preocupación por la transferencia de 54 reos de cárceles en la nación al Centro de Detención Metropolitana (MDC, por sus siglas en inglés) de Guaynabo sin coordinación alguna con las autoridades federales pertinentes en la isla, entiéndase el juez en jefe de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Gustavo A. Gelpí, el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y el Alguacil de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Wilmer Ocasio. 

“Me uno a las graves preocupaciones de los funcionarios federales en la isla quienes fueron nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos. Estos son los representantes de la Rama Judicial y Ejecutiva federal de más alto rango en Puerto Rico, sin embargo, no se tuvo en cuenta este hecho para consultarles la transferencia de reos a la isla, entorpeciendo los planes de control del COVID-19 en el MDC que han mostrado ser exitosos”, expresó la congresista.

Además de la falta de coordinación entre las contrapartes federales, la comisionada destacó el peligro que representa esta transferencia en medio de la pandemia. De los reos transferidos a la cárcel federal de Guaynabo, siete fueron diagnosticados como positivo al COVID-19 y se espera el resultado de los 47 reos restantes quienes fueron puestos en cuarentena en una sala de aislamiento del centro de detención. Por esta situación, se mandó a personal de U.S. Marshal y del Bureau of Prisons en la Isla a sus casas bajo órdenes de aislamiento por contacto con los reos infectados, lo que ha provocado que esté disponible menos personal para atender a una mayor cantidad de reclusos. 

Esto afecta directamente el plan agresivo de control de pandemia que habían desarrollado las autoridades locales en la isla logrando cero contagios en el MDC. No hubo órdenes judiciales de traer a los reos federales a Puerto Rico ya que todos los procedimientos de sentencia se llevan a cabo, actualmente, por videoconferencia, según lo autorizado por el Congreso en la Ley CARES. Más aún, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ha sido cerrado por orden del Juez Jefe desde finales de marzo y no se volverá a abrir para audiencias penales en persona al menos hasta el 7 de septiembre. 

Una vez las autoridades federales en Puerto Rico advinieron conocimiento de la transferencia, estas expresaron su oposición, pero a nivel central decidieron continuar con los planes. 

“En vista de lo anterior, le pido que deje inmediatamente de transferir a todos los internos federales al Distrito de Puerto Rico hasta que sea médicamente seguro hacerlo y que tanto el Juez Jefe, el Fiscal Federal y el Mariscal de los Estados Unidos coincidan en que es viable y que no afectarán las operaciones de MDC Guaynabo”, lee parte de la misiva. 

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