Representante denuncia recorte de beneficios a estudiantes de Educación Especial

El representante señaló que el nuevo Reglamento Operacional del Procedimiento de Remedio Provisional limita las opciones a los padres cuando soliciten dicho procedimiento.

El presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad de la Cámara de Representantes, Rafael “June” Rivera Ortega, denunció hoy el recorte de beneficios a los estudiantes de educación especial y reclamó de la gobernadora Wanda Vázquez que aclare si su política pública y plan de gobierno es cuadrar el presupuesto limitando el acceso a los servicios de esta población.

Durante la mañana de hoy, el representante señaló que el nuevo Reglamento Operacional del Procedimiento de Remedio Provisional limita las opciones a los padres cuando soliciten dicho procedimiento.

“Hago un llamado enérgico a la gobernadora Wanda Vázquez para que aclare si su política pública y plan de gobierno es cuadrar el presupuesto limitando nuevamente el acceso a los servicios de los niños de educación especial. Hago también un llamado a la Rama Judicial y a la Rama Ejecutiva y sus funcionarios a que, en cumplimiento con la Ley 238-2004, utilicen una interpretación liberal que vindique los derechos de los menores con discapacidades”, sostuvo Rivera Ortega, quien también preside la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara.  

Reveló que el Reglamento del DEPR bajo discusión fue aprobado por esta agencia el pasado 11 de febrero y registrado en el Departamento de Estado el día 26.

“Ese Reglamento claramente limita los beneficios de Remedio Provisional a evaluaciones iniciales, reevaluaciones, terapias, evaluaciones de asistencia tecnológica, compra de servicios de enfermera y asistentes de servicio. Pero increíblemente deja fuera la compra de equipo de asistencia tecnológica, incluyendo los libros braille y de letra agrandada para las personas ciegas o parcialmente ciegas, la compra de servicios de transportación, el pago de becas de transportación y la remoción de barreras arquitectónicas”, denunció el representante del Distrito 28.

Es a esos efectos, añadió, que solicita a la Gobernadora que dé instrucciones para que el reglamento sea devuelto al DEPR y sugirió que sea considerado a través de un amplio proceso de vistas públicas, tal y como lo permite la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, para que todas las partes interesadas puedan exponer sus posiciones, observaciones y recomendaciones.

Informó que el Remedio Provisional se estableció mediante orden judicial en la sentencia del pleito de clase promovido por Rosa Lydia Vélez, para proveerle a los miembros de ese sector estudiantil los servicios relacionados de terapia y evaluaciones. En el 1997 el Tribunal emitió una Resolución en la que requirió al DEPR que asumiera la administración total del Remedio Provisional.

Sin embargo, mediante carta circular del 24 de marzo de 2006, esa agencia amplió los servicios de Remedio Provisional haciéndolo disponible para los servicios de evaluaciones iniciales, reevaluaciones, terapias, evaluaciones de asistencia tecnológica, compra de equipo de asistencia tecnológica, compra de servicios de transportación, pago de becas de transportación, compra de servicios de enfermera, asistentes de servicio y remoción de barreras arquitectónicas.

“Es trágico e inaceptable que ese Departamento, en lugar de tener una visión progresista y adelante el amparo a esa población, opte por eliminar derechos o remedios para proveer con prontitud los servicios y equipos que tanto necesitan los estudiantes más vulnerables de Puerto Rico. En el Proyecto de la Cámara 1945, que busca crear la nueva ley de Educación Especial, establecimos que el Remedio Provisional debe incorporar la provisión de todos los servicios relacionados y de apoyo, ampliando aún más el Remedio que tenemos al día de hoy. No quiero pensar que el anuncio hecho la semana pasada de un recorte de 18 millones de dólares al Remedio Provisional fue luego de haber estado en conversaciones con los abogados de los padres, los portavoces en el pleito de clase y el comisionado del Tribunal. ¿Se le informó a la jueza del caso, ¿María Cabrera, sobre los recortes de los servicios en ese reglamento?”, afirmó y se preguntó el representante.

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